ACHM y Ministerio de Seguridad acuerdan mesa de 30 días ante amenazas contra autoridades municipales

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y el Ministerio de Seguridad Pública acordaron conformar una mesa de trabajo con un plazo máximo de 30 días para elaborar propuestas orientadas a fortalecer la protección de alcaldes y otras autoridades municipales, en medio de la preocupación generada por amenazas que han afectado a representantes locales en distintas comunas del país.

La decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. El encuentro estuvo marcado especialmente por los antecedentes conocidos respecto del alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego de que trascendiera la existencia de un presunto plan para atentar contra su vida.

En ese contexto, el directorio de la ACHM solicitó al Ministerio impulsar la designación de un fiscal de dedicación exclusiva para investigar las amenazas contra alcaldes y otras autoridades elegidas democráticamente. La asociación plantea que este tipo de hechos requiere una respuesta coordinada del Estado y una capacidad investigativa que permita abordar situaciones que pueden estar vinculadas con fenómenos de mayor complejidad, como el crimen organizado.

El ministro Martín Arrau señaló que la mesa deberá avanzar hacia propuestas concretas dentro del plazo establecido y sostuvo que la respuesta estatal frente a este tipo de amenazas debe ser sólida y coordinada.

Municipios piden fortalecer la protección institucional

Desde la ACHM han planteado que las amenazas contra autoridades locales no deben entenderse únicamente como situaciones de seguridad individual. Su presidente, Gustavo Alessandri, sostuvo que estos hechos también comprometen el ejercicio de funciones públicas y el Estado de Derecho, considerando que afectan a autoridades elegidas democráticamente.

En la misma línea, la vicepresidenta de la asociación y alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, afirmó que los municipios continuarán desarrollando sus funciones pese a las amenazas y advirtió que, cuando una autoridad electa es intimidada, también se afecta el funcionamiento democrático a nivel local.

La mesa de trabajo incorporará además la experiencia y los antecedentes que manejan los propios municipios desde sus territorios. El objetivo será avanzar en medidas que permitan mejorar la coordinación institucional frente al narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato, junto con fortalecer los mecanismos de protección de quienes ejercen funciones públicas en el ámbito municipal.

El acuerdo adquiere relevancia porque busca trasladar la discusión desde respuestas particulares frente a cada amenaza hacia mecanismos institucionales de coordinación entre el nivel central y los gobiernos locales. Dentro de los próximos 30 días, la mesa deberá traducir ese diagnóstico en propuestas concretas de protección y coordinación.

La solicitud de un fiscal especial, sin embargo, corresponde por ahora a un planteamiento formulado por la ACHM y no a una decisión ya adoptada por el Ministerio Público u otro organismo competente.

Los antecedentes que originan esta discusión corresponden a amenazas actualmente bajo investigación. Por razones de seguridad y atendida la naturaleza de estos procesos, esta nota no incorpora detalles operativos sensibles ni antecedentes que permitan identificar a eventuales sospechosos.

Fuentes: Asociación Chilena de Municipalidades; Ministerio de Seguridad Pública; Diario Concepción.