Fiscalía indaga pagos por $175 millones en la Corporación Municipal de Quilpué
- Municipalismo Chile
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La Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso investiga desembolsos efectuados durante 2024 por la Corporación Municipal de Quilpué. Las diligencias buscan establecer si 68 personas prestaron servicios efectivos y si existieron vínculos entre esos pagos y actividades político-electorales.
Los antecedentes difundidos por Puranoticia sitúan el monto investigado en $175.954.283. Los desembolsos se habrían realizado entre enero y septiembre de 2024, durante la administración de la exalcaldesa Valeria Melipillán y antes de las elecciones municipales de octubre de ese año.
La Fiscalía solicitó autorización al Juzgado de Garantía de Quilpué para requerir al Servicio Electoral información sobre la afiliación política y los domicilios registrados de las 68 personas relacionadas con los pagos. Esa diligencia forma parte de la indagación y no acredita por sí sola la existencia de delitos ni responsabilidades.
La investigación examina si los desembolsos tuvieron respaldo laboral y si los servicios fueron efectivamente prestados a la corporación, responsable de áreas municipales sensibles como salud y educación. Hasta ahora, los antecedentes conocidos corresponden a diligencias investigativas en curso.
Origen de la investigación y respuesta municipal
La causa se originó en antecedentes detectados por la actual administración y en una querella presentada en enero de 2025 contra el ex secretario general de la corporación, Jorge Muñoz Lara, y el exdirector de Finanzas, Manuel Puga Acevedo. La acción mencionó eventuales delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado y administración desleal.
“Los hechos que está investigando la Fiscalía son de la máxima gravedad”.
La alcaldesa Carolina Corti afirmó que la municipalidad entregará los antecedentes que solicite el Ministerio Público. También sostuvo que la determinación de responsabilidades penales corresponde exclusivamente a la Fiscalía y, si la causa avanza, a los tribunales de justicia.
La investigación permanece abierta y no se han informado formalizaciones ni decisiones judiciales sobre el fondo. Las próximas actuaciones conocidas dependen de las diligencias de la Unidad Regional Anticorrupción y de las autorizaciones que resuelva el Juzgado de Garantía.
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