Viviendas sociales: la fiscalización recupera apenas el 1%

En la Región Metropolitana, solo 22 de 1.954 denuncias por uso irregular de viviendas sociales terminaron en recuperación entre 2022 y 2025. La brecha entre fiscalización, proceso legal y reasignación expone límites institucionales que afectan a familias que siguen esperando una solución habitacional.

La fiscalización del uso de viviendas sociales muestra una brecha difícil de ignorar. Entre 2022 y 2025, el Serviu Metropolitano recibió 1.954 denuncias por eventuales irregularidades, pero solo 22 inmuebles fueron recuperados, equivalente a cerca del 1,1%. De ellos, 18 alcanzaron a ser reasignados. El problema no se limita a detectar situaciones indebidas: el cuello de botella aparece en la investigación, el procedimiento legal, la reparación y la entrega a otra familia.

Miles de denuncias y pocos resultados

A escala nacional se informaron al menos 5.980 denuncias, pese a que tres servicios no entregaron antecedentes completos. Durante el mismo periodo se realizaron 17.340 inspecciones. La cantidad de visitas muestra actividad fiscalizadora, pero no necesariamente capacidad para concluir los casos. En la Región Metropolitana, el equipo destinado a estas tareas estaba compuesto por dos personas y funcionaba con apoyo ocasional de otros funcionarios.

“La recuperación de vivienda acá en la Región Metropolitana podría aumentarse al triple si tuviéramos solo a ocho personas en ese equipo” — Roberto Acosta, director del Serviu Metropolitano

La afirmación dimensiona la relación entre dotación y resultado. La normativa exige comprobar el uso irregular mediante visitas en días distintos, avisos y plazos que resguarden el debido proceso. Cada expediente demanda seguimiento administrativo y jurídico. Cuando el volumen de denuncias supera ampliamente la capacidad disponible, los casos se acumulan y la respuesta pierde oportunidad.

Recuperar una vivienda no significa que pueda entregarse de inmediato. El traspaso debe formalizarse, pueden existir ocupantes, recursos pendientes o daños que reparar. El Serviu Metropolitano informó recursos parciales para materiales de reparación, pero la rehabilitación también exige mano de obra, seguridad y coordinación. La ley contempla reasignaciones dentro de 90 días, un plazo que se vuelve difícil de cumplir si las etapas anteriores no tienen capacidad suficiente.

La fiscalización masiva de 2025 incluyó 6.578 inspecciones, pero produjo solo cinco recuperaciones. El contraste sugiere que ampliar visitas sin reforzar el resto del circuito institucional puede elevar la cantidad de antecedentes sin resolver el destino de los inmuebles. La política necesita indicadores que sigan el proceso completo: denuncia, verificación, resolución, recuperación, reparación y nueva asignación.

Las viviendas desocupadas o utilizadas con fines distintos al habitacional afectan más que una estadística de subsidios. Pueden deteriorarse, convertirse en focos de inseguridad y debilitar la convivencia del barrio. Los municipios suelen recibir las primeras alertas de vecinos, pero no controlan el procedimiento de recuperación. Esa distancia entre conocimiento local y facultad efectiva puede retrasar respuestas en sectores donde el deterioro avanza rápido.

“El abandono trae más abandono” — Felipe Aguilera, urbanista consultado por El Mostrador

Una respuesta más eficaz requiere canales formales entre municipios, Serviu y organizaciones vecinales. El municipio puede aportar información territorial, acompañamiento social y conocimiento sobre el estado del barrio, mientras el servicio conserva las atribuciones legales. Esa colaboración debe evitar denuncias sin fundamento y, al mismo tiempo, proteger a quienes reportan situaciones que afectan la seguridad comunitaria.

Controlar sin perder el objetivo social

La restricción para vender o arrendar viviendas subsidiadas busca asegurar que el beneficio cumpla su finalidad. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció una propuesta para extender de cinco a diez años esa prohibición y fue categórico frente a los abusos: “A esas personas les vamos a quitar la vivienda”. El endurecimiento normativo solo tendrá efecto si se acompaña de capacidad de fiscalización y ejecución.

El centro del debate son las familias que cumplen los requisitos y permanecen en listas de espera. Cada vivienda recuperada y reasignada puede responder a una necesidad habitacional urgente, pero el bajo porcentaje actual muestra que la institucionalidad no logra convertir la denuncia en solución. Para los territorios, fortalecer el circuito completo es tan importante como aumentar la construcción: el parque existente también debe protegerse y utilizarse con justicia.

El sistema podría clasificar las denuncias por tipo de irregularidad y evidencia disponible. No es igual investigar una vivienda desocupada, arrendada, transferida o utilizada para una actividad comercial. Una clasificación temprana permitiría asignar rutas distintas, priorizar los casos con mayor probabilidad de recuperación y comunicar al denunciante qué antecedentes son realmente útiles.

También debe cuidarse que la fiscalización no penalice ausencias justificadas por trabajo, salud o cuidado. El debido proceso es una garantía y no un obstáculo prescindible. La mejora consiste en dotar al Estado de capacidad para investigar con rapidez, contrastar información y resolver fundadamente, protegiendo el objetivo social del subsidio sin convertir sospechas en sanciones automáticas.

Publicar plazos promedio por etapa permitiría saber con precisión dónde se concentra la demora y asignar refuerzos al punto correcto.

¿Qué coordinación debería existir entre Serviu, municipios y comunidades para acelerar recuperaciones con debido proceso?

Fuente original: El Mostrador