Los Lagos invertirá más de $30 mil millones en 1.500 kilómetros de caminos rurales

Cinco contratos de conservación vial permitirán intervenir 1.492 kilómetros de caminos rurales en seis comunas de Los Lagos, con una inversión de $30.515 millones y cerca de 300 empleos. La magnitud del programa abre una oportunidad para alinear la planificación sectorial con prioridades municipales y comunitarias.

La Contraloría Regional tomó razón de las resoluciones que adjudican los contratos de conservación global de la Dirección de Vialidad. Según el detalle publicado por Cooperativa Red Los Lagos, el paso habilita la protocolización y permite proyectar la entrega de terrenos a las empresas durante agosto.

En la provincia de Llanquihue, la conservación de Maullín fue adjudicada a Corporación Vial por $5.887 millones y la de Cochamó a Constructora Patagonia por $6.162 millones. En Palena, los contratos de Hualaihué y Chaitén quedaron a cargo de Constructora Stange Hermanos y Arimaq Ancud, por $6.144 millones y $6.226 millones, respectivamente. En Osorno, Transportes JR ejecutará el contrato para Río Negro y San Juan de la Costa por $6.096 millones.

Los cinco contratos suman $30.515 millones y cubren aproximadamente 1.492 kilómetros. El programa contempla limpieza de faja, reperfilado de caminos, bacheo asfáltico y mantención de puentes, entre otras labores. El seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, estimó que las cuadrillas asociadas generarán cerca de 300 puestos de trabajo en la región.

“Estos empleos forman parte de un enorme esfuerzo que el Ministerio de Obras Públicas está llevando a cabo en la región de Los Lagos”, señaló el seremi Jairo Quinteros al detallar la inversión.

Cinco contratos con impacto en servicios locales

Aunque la contratación corresponde a Vialidad y no a los municipios, su impacto es profundamente local. Los caminos rurales sostienen el traslado escolar, las rondas de salud, la recolección de residuos, el abastecimiento, la producción agropecuaria y la respuesta ante emergencias. Un tramo deteriorado no afecta solamente el tiempo de viaje: puede interrumpir servicios esenciales y aumentar el costo de vivir o producir en sectores apartados.

La distribución territorial también importa. Maullín, Cochamó, Hualaihué, Chaitén, Río Negro y San Juan de la Costa poseen geografías, climas y redes de asentamientos distintas. La conservación por nivel de servicio debe responder a esas diferencias y mantener trazabilidad sobre los estándares comprometidos. La cantidad total de kilómetros comunica escala, pero no muestra por sí sola qué rutas concentran población, escuelas, postas, puentes críticos o ausencia de alternativas.

El antecedente regional es más amplio. En abril, Vialidad había publicado diez licitaciones para cubrir 2.984 kilómetros con una inversión superior a $53 mil millones. Tres contratos anteriores tenían su plazo terminado y eran atendidos mediante administración directa para sostener la continuidad. Ese dato muestra que la conservación no comienza con la adjudicación: existe una transición que debe evitar vacíos operativos entre contratos.

Para las comunidades, el punto decisivo será el inicio efectivo y la calidad de los trabajos. La toma de razón es un hito administrativo; después vienen protocolización, entrega de terrenos, programación, ejecución y control. Comunicar esas etapas con fechas y responsables ayuda a distinguir un proyecto habilitado de una obra ya iniciada y reduce expectativas prematuras.

La oportunidad de coordinar prioridades territoriales

Los municipios pueden aportar información que Vialidad no siempre captura con la misma velocidad: cortes recientes, rutas utilizadas por transporte escolar, hogares con personas electrodependientes, accesos a sistemas de agua potable rural, puntos donde se acumula nieve o barro y sectores sin conectividad alternativa. Ese conocimiento debe ingresar a la coordinación técnica con respaldo georreferenciado, fotografías y frecuencia de afectación.

Una herramienta práctica es un mapa comunal de conectividad crítica. No reemplaza la competencia del MOP, pero permite ordenar prioridades municipales, fundamentar solicitudes y coordinar desvíos. Cada camino puede asociarse a población servida, establecimientos, actividad productiva, historial de cortes, tiempos de respuesta y responsable de mantención. Cuando ocurre una emergencia, esa base evita comenzar el catastro desde cero.

La generación de empleo también admite una lectura territorial. Cerca de 300 puestos pueden dinamizar economías locales si las empresas adjudicatarias informan perfiles, plazos y canales de contratación. Los municipios no deben intervenir en decisiones privadas de selección, pero sí pueden articular oficinas laborales, capacitación y difusión transparente para que la oportunidad sea conocida en las comunas cubiertas.

El control ciudadano necesita indicadores comprensibles. Kilómetros reperfilados, baches reparados o puentes mantenidos deben complementarse con tiempos de respuesta, condición antes y después y cumplimiento del nivel de servicio. Un tablero regional con avance por comuna permitiría a las comunidades verificar resultados y a los municipios anticipar impactos sobre sus propios servicios.

La inversión ofrece una oportunidad concreta para mejorar conectividad y resiliencia rural. Su valor no se medirá solo por el monto adjudicado, sino por la continuidad de rutas que conectan derechos, servicios y economías locales durante todo el año.

¿Dispone su comuna de un catastro actualizado que permita dialogar con Vialidad desde prioridades demostrables, o las solicitudes de conservación siguen dependiendo de oficios aislados y urgencias del momento?