Contraloría impulsa un control municipal más preventivo

Contraloría reunió a unidades de control municipal para fortalecer probidad, ética pública, gestión de riesgos y transformación digital. El enfoque busca que la fiscalización interna no se limite a detectar faltas después de ocurridas, sino que ayude a prevenirlas y mejorar procesos locales.

La Contraloría General de la República reunió a direcciones y unidades de control municipal en una jornada nacional dedicada a probidad, ética pública, gestión de riesgos y transformación digital. El encuentro fue organizado junto con la Subdere, la Comisión de Integridad Pública y Transparencia y la Asociación Chilena de Municipalidades, dentro del trabajo de la Alianza Anticorrupción.

Controlar antes de que ocurra el problema

La actividad puso el foco en el carácter preventivo del control interno. Esa orientación busca superar una visión limitada a observar incumplimientos después de que producen daño. En un municipio, advertir a tiempo una debilidad en compras, subvenciones, permisos o rendiciones puede evitar pérdidas de recursos, retrasos y responsabilidades administrativas.

La contralora general, Sandra Estay, destacó el papel estratégico de las unidades municipales de control y la necesidad de fortalecer una mirada preventiva. No se trata de reemplazar la fiscalización externa ni de reducir la independencia de estas unidades, sino de incorporar el control como parte del diseño cotidiano de los procesos institucionales.

La jornada se organizó en cuatro módulos: probidad y ética pública; control interno y gestión de riesgos; herramientas para el control; y transformación digital. La combinación es relevante porque las faltas no se previenen solo con normas. También se necesitan procedimientos claros, acceso oportuno a información y tecnología que permita detectar inconsistencias.

La gestión de riesgos ayuda a identificar dónde existe mayor probabilidad o impacto de un error. Un municipio no puede revisar todas las operaciones con la misma intensidad, por lo que debe priorizar áreas críticas y definir controles proporcionales. Ese enfoque exige datos, coordinación con las unidades operativas y seguimiento de las medidas acordadas.

Las unidades de control enfrentan una tensión propia de su función: pertenecen a la estructura municipal, pero deben observarla con autonomía técnica. Para que su trabajo sea efectivo necesitan acceso a antecedentes, respaldo institucional y capacidad de formular observaciones sin presiones. La prevención pierde sentido si las alertas se conocen tarde o no generan correcciones.

Al mismo tiempo, el control no debería instalarse como una barrera que paralice la gestión. Su aporte es mayor cuando participa tempranamente, explica riesgos y ayuda a construir procedimientos que puedan cumplirse. La colaboración con finanzas, adquisiciones, obras, desarrollo comunitario y personal permite que la probidad se transforme en práctica y no quede reducida a una declaración.

La digitalización puede mejorar trazabilidad, reducir documentos extraviados y facilitar cruces de información. También abre nuevos riesgos: accesos indebidos, datos incompletos o automatizaciones que reproducen errores. Por eso la transformación digital debe acompañarse de gobernanza de datos, perfiles de usuario, respaldos y auditorías que permitan reconstruir cada decisión.

Las brechas entre municipios son un desafío adicional. Algunas comunas cuentan con equipos especializados y sistemas integrados; otras operan con dotaciones pequeñas y herramientas fragmentadas. Una política nacional de fortalecimiento debe reconocer esas diferencias y ofrecer asistencia técnica continua, no solo capacitaciones aisladas.

Probidad como capacidad territorial

La integridad municipal incide directamente en la confianza de las comunidades. Cuando una subvención, una licitación o un permiso carecen de trazabilidad, el daño alcanza a los servicios y proyectos que dependen de esos recursos. Un control preventivo protege el presupuesto y también la legitimidad de la institución más cercana a la vida cotidiana.

El desafío es convertir los contenidos de la jornada en cambios verificables: matrices de riesgo vigentes, procedimientos actualizados, seguimiento de observaciones y coordinación entre control interno y administración. Para el municipalismo, fortalecer estas unidades no es aumentar burocracia; es crear condiciones para gestionar con mayor seguridad, transparencia y oportunidad.

Un resultado concreto sería que cada municipio elabore un plan anual de control basado en riesgos y lo vincule con su planificación institucional. El documento debería identificar procesos prioritarios, responsables, evidencia esperada y plazos de corrección. Así, la unidad de control puede concentrarse en puntos críticos y el Concejo Municipal puede seguir avances sin intervenir en decisiones técnicas.

La cooperación entre unidades de control también puede reducir brechas. Modelos de matrices, listas de verificación y criterios de auditoría compartidos evitan que cada comuna comience desde cero. La Contraloría y la Subdere podrían facilitar repositorios actualizados y asesoría para adaptar herramientas, respetando la autonomía y realidad de cada municipalidad.

La formación debe alcanzar también a alcaldías, concejos y jefaturas. El control interno funciona mejor cuando quienes toman decisiones comprenden sus alertas y no lo consideran una revisión aislada al final del proceso.

¿En qué proceso municipal crees que el control preventivo puede generar hoy el mayor impacto?

Fuente original: Contraloría General de la República